Entre los principios que el sector público debe respetar en sus actuaciones y relaciones electrónicas regulados en el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, aquel que se define como "la capacidad de las Administraciones Públicas para que partiendo del conocimiento adquirido del usuario final del servicio, proporcione servicios precumplimentados y se anticipe a las necesidades", es el principio de:

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